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La CDN1 Actualizada acomete la acción climática desde un enfoque integrado, que busca superar la dicotomía adaptación-mitigación, proponiendo compromisos que integran ambas dimensiones. La CDN1 Actualizada incluye la elaboración y puesta en marcha de instrumentos climáticos de planificación y gestión que marcan la ruta hacia la resiliencia, abarcando diez sectores y áreas estratégicas de la economía panameña, marcando un tránsito de los instrumentos de política nacional existentes, a la implantación y uso de instrumentos operacionales climáticos a nivel sectorial y transversal, abarcando toda la economía. En este sentido, junto al compromiso de reducción de emisiones en el sector de energía, enmarcado en el contexto de la Agenda de Transición Energética, Panamá presenta por primera vez compromisos que incluyen la elaboración y puesta en marcha de instrumentos climáticos de planificación y gestión que marcan la ruta hacia la adaptación y la resiliencia, a través de la elaboración e implementación de seis planes sectoriales y cuatro guías sectoriales de cambio climático.

• En el año 2015, Panamá asumió el compromiso con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS y en 2017 el país presentó su Primer Informe Voluntario.  Desde el primer momento, mediante el Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado, Panamá 2030, se han impulsado estrategias basadas en las 5 Esferas: Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Alianzas, considerando las dimensiones del desarrollo sostenible, con la finalidad de que nadie se quede atrás.
• El Gobierno Nacional, mediante el Plan Estratégico de Gobierno 2020-2024, “Unidos lo hacemos”, tiene presente múltiples desafíos que se sintetizan en las desigualdades que afectan a la población, especialmente a los más vulnerables, a los que se agregan los efectos sistémicos generados de la emergencia sanitaria del COVID 19. El gobierno se ha propuesto desarrollar las estrategias económica y social, para erradicar la pobreza extrema y el hambre. Además, se plantea la necesidad de aumentar las inversiones públicas con el propósito de mejorar la infraestructura y lograr un mayor desarrollo tecnológico, que se reflejen en la educación, la salud y el sector social para mejorar la calidad de vida de la población, sin dejar de lado la protección del medio ambiente, la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático, lo que permitirá contar con los recursos naturales necesarios para el desarrollo del país y el bienestar de la población y cumplir el compromiso asumido con la Agenda 2030 y los ODS.
• En este contexto, el Gobierno Nacional lidera la lucha contra la pobreza y la desigualdad mediante la “Estrategia Colmena: Panamá libre de pobreza y desigualdad, la Sexta Frontera” , la cual tiene como misión promover la justicia social, la equidad, las oportunidades; con prioridad en la primera infancia procurando no dejar a nadie atrás. Colmena está relacionada con los 17 ODS, sus metas e indicadores, mediante la promoción de la inclusión social a través de alianzas entre instituciones públicas, sociedad civil, la empresa privada, la academia y la comunidad y está focalizada en mejorar los servicios que el Estado ofrece.  También, desarrollar prestaciones y servicios con modelos de atención que protejan los derechos y brinden satisfacción a los ciudadanos; incentivar actividades generadoras de ingreso para mejorar la calidad de vida, con la inclusión productiva y financiera de las poblaciones con mayores carencias. Bajo los principios de la intersectorialidad, la descentralización, la participación ciudadana, la igualdad de oportunidades, la interculturalidad y la sostenibilidad, la acción apunta a la territorialización de la Agenda 2030; integrando equipos, alineando y articulando el Gobierno Central con los gobiernos locales y contando con un sistema de información permanente, priorizando a los que se nos han quedado atrás.
• La Educación inclusiva, permanente, equitativa y de calidad, es la estrella de la propuesta del Gobierno, que implica fomentar una educación articulada al interés nacional, en la que toda la población goce de la posibilidad de ejercer el derecho al acceso gratuito, en igualdad de oportunidades, alineada a la Agenda 2030 y al progreso científico y tecnológico para mejorar la calidad del sistema educativo, con inclusión, equidad e innovación y formar un ciudadano integral.  Se da especial interés a la educación desde la primera infancia, a la formación continua tanto de estudiantes como docentes, en un marco de atención inclusiva y profesional.
• El desafío para el Mejoramiento del Sistema de Salud, es fortalecer la atención primaria, ampliar la cobertura en áreas apartadas y lograr la gestión automatizada del sistema por tratarse de un elemento básico del bienestar. Esta estrategia va dirigida a que todos los hogares, a las familias que viven en las peores condiciones de pobreza, cuenten con los servicios básicos de agua potable y saneamiento, que dispongan de servicios de salud de calidad, atendidos por el personal idóneo y que se cuente con los insumos y los medicamentos que requiere la población.
• Atender el desafío de robustecer los Sistemas de Información para la toma de decisiones y la reorientación de las políticas públicas, es un tema que puede ser objeto de cooperación internacional e intercambio de experiencias y conocimientos entre países.  

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Uno de los principales logros de la COP 7 fue la adopción decisión VII/16 F),de las Directrices Akwé:Kon, Directrices Akwé Kon,voluntarias para la realización de evaluaciones de las repercusiones culturales, ambientales y sociales de proyectos de desarrollo que hayan de realizarse en lugares sagrados y en tierras y aguas ocupadas o utilizadas tradicionalmente por las comunidades indígenas y locales. Las directrices, a las cuales se les dió un nombre con un término Mohawk que significa “todo en la creación”, proporcionan un marco de colaboración dentro del cual se asegura la participación total de las comunidades indígenas y locales en las evaluaciones de impacto cultural, ambiental y social de proyectos propuestos en lugares sagrados y en tierras y aguas que han sido ocupados tradicionalmente por ellos mismos. Además, se ofrece también orientación sobre la forma de tomar en cuenta el conocimiento tradicional, las innovaciones y las prácticas como parte del proceso de evaluación de los impactos y para fomentar el uso de tecnologías apropiadas.

Las Directrices sugieren un procedimiento de diez-pasos para la evaluación de impacto del desarrollo propuesto como sigue:

1. Notificación y consulta pública acerca del desarrollo propuesto a cargo del que lo propone;
2. Identificación de las comunidades indígenas y locales y de los interesados directos pertinentes que probablemente estarán afectados por el desarrollo propuesto;
3. Establecimiento de mecanismos eficaces para la participación en los procesos de evaluación de las comunidades indígenas y locales incluidas las mujeres, la juventud, los ancianos y otros grupos vulnerables;
4. Establecimiento de un proceso convenido para anotar los puntos de vista y las inquietudes de los miembros de las comunidades indígenas y locales cuyos intereses estarán probablemente afectados por el desarrollo propuesto;
5. Establecimiento de un proceso en virtud del cual las comunidades indígenas y locales pueden tener la opción de aceptar o rechazar un desarrollo propuesto que pueda tener impacto en su comunidad;
6. Identificación y suministro de suficientes recursos humanos, financieros, técnicos y jurídicos para la participación efectiva de las comunidades indígenas y locales en todas las fases de los procedimientos de evaluación de impacto;
7. Establecimiento de un plan de gestión o vigilancia ambiental (EMP), incluidos los planes de contingencia relativos a posibles impactos adversos culturales, ambientales y sociales como resultado de un desarrollo propuesto;
8. Identificación de los actores responsables para fines de responsabilidad jurídica, reparación, seguros e indemnización;
9. Conclusión, según corresponda, de acuerdos, o planes de acción, en términos mutuamente convenidos entre el que propone el desarrollo y las comunidades indígenas y locales afectadas, para la aplicación de medidas conducentes a impedir o a mitigar cualesquiera impactos negativos del desarrollo propuesto;
10. Establecimiento de un proceso de revisión y apelación.

La Conferencia de las Partes solicitó a los Gobiernos hacer uso de estas directrices y al mismo tiempo los invitó a iniciar una revisión legal e institucional con el propósito de explorar opciones para la incorporación de las directrices tanto en la legislación como en las políticas nacionales. La COP también invitó a las comunidades indígenas y locales a tomar nota de las directrices y solicitar su aplicación en el caso de proyectos de desarrollo que hayan de realizarse, o que probablemente repercutan, en lugares sagrados y en tierras y aguas tradicionalmente ocupadas o utilizadas por comunidades indígenas y locales;

Si desea compartir su experiencia en la aplicación de las Directrices Akwé Kon, o si tiene comentarios/preguntas sobre las directrices, por favor comuniquese con la Secretaría .

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) es un tratado internacional que aborda la temática de la biodiversidad. Fue suscrito en 1992 y a la fecha ha sido ratificado por 192 Estados Partes.

El CDB tiene tres objetivos principales:

1. la conservación de la diversidad biológica;

2. la utilización sostenible de sus componentes; y

3. la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.

La Secretaría del CDB (SCDB) fue establecida para apoyar la consecución de los objetivos del Convenio. Sus principales funciones son organizar las reuniones de la Conferencia de las Partes (COP) y otros órganos subsidiarios del Convenio y prestar los servicios necesarios a dichas reuniones, brindar apoyo a las Partes cuando proceda y asegurar la coordinación necesaria con otros órganos internacionales pertinentes. En 2008, la SCDB creó la Unidad de Biodiversidad para el Desarrollo, con apoyo de los gobiernos de Francia y Alemania. El objetivo de la Unidad es promover la integración de los objetivos de conservación de la diversidad biológica y de reducción de la pobreza en las actividades tanto de planificación de la conservación (por ejemplo, las estrategias nacionales y planes de acción para la diversidad) como de planificación del desarrollo (por ejemplo, documentos de estrategia de lucha contra la pobreza o estrategias de desarrollo sostenible).

Sabías que Panama ratifico por ley no2 de 12-01-1995 por la cual se aprueba el convenio sobre la diversidad biológica, hecho en Río de Janeiro el 5 de Junio de 1992.